Un reciente informe de control de la Contraloría General de la República reveló diversas irregularidades en el incremento de dietas realizado por regidores municipales durante el periodo 2023-2026, lo que vulnera el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y la Ley de Presupuesto del Sector Público, la cual prohíbe aumentos de remuneraciones o dietas bajo cualquier modalidad sin sustento legal. Según el organismo fiscalizador, el incremento de dietas —efectuado en algunos casos al inicio y a mitad de gestión sin informes técnicos, legales ni el procedimiento regular que exige la ley— ocasiona un perjuicio económico al Estado a través de las entidades municipales. Esto podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales, configurando posibles delitos como peculado doloso, cobro indebido o negociación incompatible, los cuales ya están siendo evaluados por la Procuraduría de la Contraloría para el inicio de las acciones legales correspondientes.








