Representantes comunitarios mostraron su indignación ante la inacción del Ministerio Público frente a los continuos actos de deforestación e invasiones en su territorio. Pese a haber presentado pruebas contundentes —incluyendo videos y testimonios que evidencian a personas armadas con machetes y armas de fuego—, la fiscalía a cargo decidió archivar el caso. Los afectados señalaron que el letargo procesal de las autoridades, que puede extenderse por meses o años, es aprovechado por los invasores para continuar destruyendo los bosques. Asimismo, cuestionaron que la Fiscalía no emitiera medidas preventivas inmediatas para frenar la tala ilegal mientras se realizan las investigaciones, obligando a la población a reiniciar procesos legales de forma recurrente ante la persistencia de los delitos. Ante esta situación, la dirigencia anunció que acudirá a la Fiscalía Superior en Moyobamba para apelar la decisión y exigir una intervención efectiva que detenga el daño ambiental.
